La Fiscalía hace historia al abrir diligencias por los bebés 'robados'

http://www.europasur.es/article/lalinea/733120/la/fiscalia/hace/historia/abrir/diligencias/por/los/bebes/robados.html

BEBES ROBADOS EN CADIZ

Espagne : "les enfants volés" sous le régime franquiste

FERNANDO MAGAN

BALTASAR GARZON

Una maternidad justificó en 1964 robos de niños diciendo que habían muerto

http://www.elpais.com/articulo/espana/maternidad/justifico/1964/robos/ninos/diciendo/habian/muerto/elpepuesp/20090629elpepunac_25/Tes

Asociaciones promueven una nueva ley que contempla una comisión para buscar a los 'hijos robados' en la guerra

http://www.europapress.es/nacional/noticia-memoria-asociaciones-promueven-nueva-ley-contempla-comision-buscar-hijos-robados-guerra-20100205193007.html

MANIFESTO LLEVADO A LA MONCLOA EN JUNIO Y SIN CONTESTACIÓN

Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo.

Nuestra ley de la “memoria histórica” es la ley de una “vergüenza histórica”.

El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España es el de la Orden de Franco de Mayo de 1940 – que nuestra ley “de la memoria” copia – no el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas.

Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una “investigación oficial efectiva e independiente”, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos.

Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo superadas las 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas – y el indeterminado número de niños robados por la dictadura – por las cifras del régimen de Pol Pot en Camboya.

Lamentamos que en la elaboración de la ley nuestras autoridades hayan preferido seguir el sistema de garantía de derechos y libertades previsto por Franco al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando con ello, de forma contraria a la legalidad internacional, la normal aplicación en nuestro territorio de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas estas víctimas. Sentimos también que España no haya recogido las exigencias de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Res. 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992) ni se haya hecho eco de las contundentes observaciones finales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos del pasado 30 de octubre de 2008,

Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas – no ya la sangrienta dictadura franquista precedente – vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16); todo ello mientras se continúan desatendiendo obligaciones esenciales, recientemente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Las necesidades específicas de colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas deben ser igualmente reconocidas.

Lamentamos que nuestro Gobierno no haya emprendido, todavía, medida alguna ante el caso de los “niños perdidos” del franquismo – que la llamada ley “de la memoria” ni siquiera menciona – a pesar de tratarse de desaparecidos aún en vida, buscados por sus familias y para los que cada día que sigue pasando sin actuación de nuestras autoridades resulta, además, en una adicional privación de su “derecho a la vida familiar” conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), obstruyéndose así la reagrupación de estas familias desgarradas por la dictadura.

A la vista de todo ello, los firmantes del presente comunicado pedimos al Gobierno de España que cumpla con su obligación de dar normal aplicación en el país al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico, de ofrecer “verdad, justicia y reparación” respecto los desaparecidos del franquismo y sus familiares, comenzando por modificar la vigente ley y articulando un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los casos de las fosas – y de localización de los “niños perdidos” – mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno de la nación, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, entre otros, conforme los estándares internacionales.



Organizaciones que respaldan el comunicado, por orden alfabético.

1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda.
2-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
3-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva
4-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.
5-Associació Cultural Memòria i Justicia d'Elx i Comarca".
6-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO).
7-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra
8-Asociación de familiares la barranca, rioja
9-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)
10-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
11-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
12-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.
13-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).
14-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas.
15-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida.
16-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.
17-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.
18-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.
19-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.
20-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove
21-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, ARAGON (A.R.I.C.O.)
22-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas.
23-Confederación General del Trabajo.
24-Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA)
25-Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo.
26- Federación de Foros por la Memoria de España.
27-Foro por la Memoria de Andalucía
28-Foro por la Memoria de Argentina
29-Foro por la Memoria de Cádiz
30-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid
31-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar
32-Foro por la Memoria de Granada
33-Foro por la Memoria de Guadalajara
34-Foro por la Memoria de Huelva
35-Foro por la Memoria de Jaen
36-Foro por la Memoria de La Rioja
37-Foro por la Memoria del Oriente de Asturias (Federación Asturiana)
38-Foro por la Memoria de Santaella
39-Foro por la Memoria de Segovia
40-Foro por la Memoria de Toledo
41-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera
42-Foro por la Memoria Histórica de Málaga
43-Fòrum per la Memòria del País Valencià
44-Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló.
45-Héroes de la República y la Libertad.
46-Mémoires partagées.
47- Mémoire de l\'Espagne républicaine 82
48-Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo).
49- Salamanca Memoria y Justicia.
50-Todos los rostros.

General Report of the Spanish Government and Authorities Inhumane Treament and Call for an UNO Special Delagate

General Report of the Spanish Government and Authorities Inhumane Treament and Call for an UNO Special Delagate
Almost two years have passed since the promulgation of the Spanish Historic Memory Law and there has been no sign of any legal mechanism acting upon Franco’s stolen children during his dictatorial regime “Franquismo” – this is the case of forced abductions that the Memory law does not contemplate - , or any effort to look for the missing in their clandestine places.
For this reason, this General Report has been issued to record the inhumane treatment received from the Spanish Authorities and therefore to recall the intervention of the United Nations Special Delagate in Torture, who must be competent and experienced with the subject, he also must receive the précised information, speak to the Governments, make consultations in the places where the facts occurred, be able to travel to the countries where the situations can exist, etc; In doing so will assured those people’s physical and mental protection, who now experience total oblivion and alienation when they try to search for their loving ones in yet unknown locations.
In its initiation of tasks, The General Report want to denounced the inhumane treatment received by the Government and different Spanish Authorities towards the missing people relatives – the story of pain silenced by many of the Spanish civilians during all the time we have enjoyed of Democracy – we want to give international viability and social awareness in and out our frontiers, of the huge pain and uncertainty that Franquismo victims’ relatives are still holding many years after, despite of the international consensual recognition for the Estate Law incapable obligation to identify and search for all family members or loving ones, who were victims of kidnapping and forced abductions, by using all possible legal methods and mechanisms. The urge to perform the appointed legal delegations is also due to the advance age of many of these people who just want to learn more about the luck and location of their abducted kids and/or the other family members, who also were victims of cruel murders by those responsible for such an actions, perhaps alive and at advanced age too.
In Spain, at the thirtieth anniversary of the European Human Rights Convention ratification (in 1979), our authorities are still violating the articles 2,3 ,8 and 13of the European Human Rights Convention, in the same way, still, they are neglecting all the international normative on the subject as they do not proceed with a rapid “independent official investigation” by their own public authorities, which could well assist all these relevant cases and demand the European Human Rights Court intervention with its sentences and legislature
Consequently, we declare the law of “Historic Memory” can be stated as the only clear lie given to the Spanish Population in the voice Human Rights since the end of the Dictatorship. We are based on the fact that in a country where the children are missing, the genocide criminals are unpunished and never sentenced or asked to declare, situation that came from the pro-impunity franquismo policies performed in Spain since the Dictator’s death t until the creation of the Historic Memory Law, and as well generated by our institutions that always act with indolence when dealing with the long term pain and despair of those people.
Therefore, the only option we have got is to ask international institutions to come forward to our country in order to protect all these people human rights.
It is not right and never will be that in Spain only the families try to find and/or identify, as far as they can, the loving ones, whose bodies have been in a terrifying manner lost or murdered, instead of being the authorities the ones to be in charge by a National Search Commission and many other mechanisms.
These families, who are all alone in their search for their stolen kids, use their own initiative and resources, with no much help from the Spanish Government, and when they attend to quest this mention entity for some support, the only thing they get from them is social misjudgment and misinformation, leaving them with many kind of hardship experiences.
Th lack of competence by the Government to consider any human rights towards the many abducted victims cases and family members who look for them, with a constant attend to ignore and avoid the right procedure to do in their obligations and delegations based on the United Nations statement “True, Justice and Repairmen”, aggravates the problem.
For this reason, we believe other democratic Governments will have to confront and repair in a near future the damage, proving to our society the rights that all human being has got when these type of crimes occur , as shamefully as it is, today our authorities and Government unconsidered deny any good action.
NOTE:
The General Report follows the Convention Against Torture Protocols. Please, visit the attached sites if necessary.

Plantilla cumplimentar por las víctimas de trato inhumano:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf

Plantilla alternativa y más amplia.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook10.pdf

Instrucciones a seguir.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook8.pdf

El texto legal en español.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm












Informe General sobre trato inhumano del Gobierno y autoridades españolas para pedir protección al Relator Especial de la ONU
Wednesday, November 25, 2009 at 12:09am
Casi transcurridos ya dos años desde la promulgación de la ley de la memoria histórica sin que se haya activado todavía ni un sólo mecanismo ante el robo de niños del franquismo – caso de desapariciones forzadas que la ley de la memoria ni siquiera contempla –, ni en la localización de los desaparecidos en cientos de lugares clandestinos, ponemos en marcha la elaboración de un Informe General sobre el trato inhumano de las autoridades españolas, para ante ello pedir la intervención del Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, de conformidad con las competencias que le están reconocidas en esta materia, como el recibir correcta información, dirigirse a los Gobiernos, realizar consultas en los lugares de los hechos, desplazándose a los países sobre la situación donde esto existe, etc., con el fin de garantizar la protección de la integridad física y mental de todas las personas que sufren el total olvido y marginación en las búsquedas de los seres queridos que permanecen en paraderos desconocidos.

Con el inicio de los trabajos para la elaboración del Informe General sobre el trato inhumano del Gobierno y las distintas autoridades españolas a las familias de personas desaparecidas – el relato del dolor silenciado de muchísimos españoles durante todo lo que llevamos de democracia – se pretende dar cauce internacional, viabilidad, y conocimiento social dentro y fuera de nuestras fronteras al inmenso dolor y la incertidumbre de los familiares de las víctimas del franquismo en el que continúan muchos años después y a pesar del reconocible consenso internacional en torno al ineludible deber de todo Estado de Derecho a identificar y buscar a las familias y sus seres queridos, victimas de secuestro y robo con desapariciones forzadas, con todos los medios de su aparato de justicia. Una situación que, además, es de la máxima urgencia dada la avanzada edad de muchas de estas personas que tan sólo aspiran a conocer la suerte y paradero de sus pequeños arrebatados y de sus otros familiares cruelmente asesinados, cuyos responsables vivos también están en avanzada edad.


En España, en el treinta aniversario de la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en 1979), nuestras autoridades continúan violando los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de igual manera que continúan desatendiendo toda la normativa internacional en la materia al no proceder a una “investigación oficial efectiva e independiente” a la mayor brevedad y por la propia iniciativa de poderes públicos ante todo caso del que se tenga noticia tal y como viene exigiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias y jurisprudencia.

En este sentido la ley “de la memoria histórica” no puede ser considerada sino como un claro engaño a la ciudadanía española en materia de Derechos Humanos en el que se permanece desde el final de la Dictadura.

En un país, el de los niños perdidos, en el que los genocidas quedan impunes y jamás han tenido que rendir cuentas ni prestar declaración, ante una situación derivada de las políticas pro-impunidad del franquismo, que han sido seguidas en España desde la muerte del Dictador, y de punto final que la ley de memoria histórica representa, con la actitud indolente de nuestras instituciones ante tan prolongado dolor y desamparo, sólo nos queda la opción de intentar que las instituciones internacionales acudan a nuestro país a proteger los derechos humanos de todas estas personas.

No es normal, nunca lo será, que en España sean los familiares los que tengan que acudir a recuperar, e identificar como puedan, a sus seres queridos atrozmente desaparecidos en vez de que sean las autoridades las que lo hagan mediante una Comisión Nacional de Búsqueda y con otras medidas.
Que sean los familiares los que tengan que buscar a los pequeños con medios privados con el daño social derivado del efecto desinformador generado por nuestro propio Gobierno en torno al alcance real de problema; la ausencia de amparo ante los derechos humanos de las victimas de desapariciones forzadas y de sus familias, con un constante intento de ignorar y evitar la normal aplicación de los deberes de “verdad, justicia y reparación” de Naciones Unidas, no ha de quedar tampoco aquí olvidado.
Otros Gobiernos democráticos tendrán que abordar y reparar en el futuro ese daño explicando a nuestra sociedad los derechos que tiene todo ser humano ante este tipo de crímenes, derechos que, lamentablemente, hoy nuestras autoridades y Gobierno les sigue negando deliberadamente.
Other democratic Governments will have to confront and repair in the future the damage, explaining to our society the rights that all human being has got when these type of crimes occur , as shamefuly, today our authorities and Government unconsidered deny any good action.

NOTA:
El Informe General lo hacemos siguiendo las pautas marcadas por el Comité contra la Tortura, que con detalle pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:

Plantilla a cumplimentar por las víctimas de trato inhumano:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf

Plantilla alternativa y más amplia.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook10.pdf

Instrucciones a seguir.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook8.pdf

El texto legal en español.
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm

Los 30.000 menores robados del Franquismo
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.
María José Esteso Poves / Madrid
Miércoles 6 de mayo de 2009. Número 101
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.
El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.
Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.
La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.
Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.
Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.
En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.
Teorías de inspiración nazi El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.
La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.
El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.
Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.
También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.
El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.
Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.
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“Era un negocio”
María Cruz González, 11 años presidenta de la extinguida ANDAS, fue pionera en la búsqueda de los niños desaparecidos. Sus padres eran miembros de la Iglesia. Cifra en miles los casos. “Muchos eran hijos de curas, de ricos, madres solteras. La Iglesia tiene todo en sus archivos. La maternidad asignaba a mujeres y niños expósitos un número que iba cambiando para no seguirles la pista. Falsificaban las partidas, apellidos y todo tejido por monjas, curas, secretarios, alcaldes y hasta médicos que se forraban. Era un negocio”.

Garzón alude a las investigaciones de un profesor de la UCLM en su auto sobre los desaparecidos del Franquismo

Garzón alude a las investigaciones de un profesor de la UCLM en su auto sobre los desaparecidos del Franquismo
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) informó hoy de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones producidas durante el Franquismo en las investigaciones realizadas por el profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor de varios trabajos situados en la misma línea conceptual, como el recien publicado "El caso de los niños perdidos del Franquismo".
Según informó la UCLM en un comunicado, en la resolución judicial del pasado martes, 18 de noviembre, Garzón trasladó la investigación de las desapariciones del Franquismo a los tribunales territoriales, y subrayó la vigente responsabilidad del Estado español en aquellos crímenes, cuestión ésta última que ha venido defendiendo el profesor Miguel Ángel Rodríguez, a quien el propio magistrado de la Audiencia Nacional cita en su auto.
Garzón se refiere expresamente al libro "El caso de los niños perdidos", en el que Rodríguez Arias analiza las desapariciones de hijos de los defensores de la República española tras la Guerra Civil, la actuación del Gobierno y la calificación jurídica de esas conductas, todo ello con el objetivo de dar a conocer a las víctimas las distintas posibilidades de acción que tienen a su alcance en la defensa de sus derechos humanos.
La obra, editada por Tirant Lo Blanch, recuerda que la condena del Consejo de Europa en 2006 a la dictadura franquista supuso el primer reconocimiento internacional del denominado caso de 'los niños perdidos', hijos de presas republicanas arrebatados a sus madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afines al régimen; pero también niños, según el autor, "impunemente" secuestrados en Francia y otros países para su 'reintegración a la patria' todavía en los cincuenta.
El juez Baltasar Garzón se refiere a estos desaparecidos en su auto, recogiendo las tesis del investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM en torno a la responsabilidad del Gobierno de España "de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, la desatendida Condena del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 y el legado de Nuremberg, con especial referencia al Decreto Noche y Niebla de Hitler, que inauguraría esta clase de crimen contra la humanidad", según explicó el profesor Rodríguez Arias.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM. Además de la monografía anteriormente reseñada, es autor de "Las fosas de Franco y la Diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas", y "La nueva ley de la memoria y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos en el caso de lo desaparecidos del Franquismo", igualmente citados en el auto de Garzón.

jueves 16 de abril de 2009

En el país de los niños perdidos. Miguel Ángel Rodríguez Arias.
_En el país de los niños perdidos

Miguel Ángel Rodríguez *Hace apenas unos meses, nuestra entera sociedad se despertó, convulsionada, de un largo letargo sabiéndonos todos ya todavía no con plena conciencia jurídica y social de sus consecuencias, en el país de los niños perdidos. Un país en el que la represión de la dictadura se cebaría también en los niños de los defensores de nuestra Segunda República; arrebatados a sus madres en cárceles y salas de parto, secuestrados por agentes del Estado franquista en Francia y otros países para su reintegración a la patria. Previo cambio de apellidos y, por supuesto, de familia.Todo ello en nombre de la salvación de la pureza racial de la hispanidad de un supuesto contagio rojo, por si fuera pequeña la monstruosidad.Es decir, el mayor caso de de­saparición forzada específicamente infantil perpetrado en la Europa contemporánea, donde ni tan siquiera el caso de los niños del Lebensborn nazi de Himmler, ni otros más conocidos de fuera como los ochocientos niños de las Abuelas de Plaza de Mayo parecen resultar equiparables en cifras potenciales.Un número indeterminado de personas, nuestros desaparecidos en vida, continúan entre nosotros desconociendo aún hoy sus verdaderos orígenes y el hecho ­mismo de tener seres queridos también aún hoy a la espera de un largamente anhelado reencuentro familiar.Demasiado largo a la vista de los ya treinta años de Constitución que acabamos de festejar. Lamentablemente no han podido ser los mismos treinta años para todos.La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa nos lo había dicho ya hace más de dos años, el 17 de marzo de 2006, con escaso éxito: ya se sabe, en el país de los niños perdidos lo mejor era olvidarnos ¿unas cuantas décadas más Monseñor? , de las violaciones de los derechos humanos de nuestros desaparecidos y sus familiares; o, mejor, hacer memoria de tales crímenes, pero sin hacer tampoco nada más de lo que el Derecho Internacional nos exige para que sus efectos cesen, que debe ser algo mucho más postmoderno y carpetovetónico.Y así, en el país de los niños perdidos, tenemos una ley de la memoria que reproduce planteamientos jurídicos franquistas. No se trata de una afirmación a la ligera, sino de un elemento descriptivo y constatable: el modelo de su artículo 13 reproduce fielmente en materia de desapariciones el de la Orden de 1 de mayo de 1940 «sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos» (BOE número 130, de 9 de mayo de 1940); el problema es que el copia-pega en cuestión no podría haber resultado más desafortunado a la luz de la ratificación por nuestro país, desde 1979, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos del que bien se había guardado el cruel dictador, y por tanto de sus artículos 2 y 13 ahora vulnerados. Entre otros.Una ley que dictamina una memoria sin verdad, sin el elemental derecho a saber el paradero de los seres queridos desaparecidos, sin dar aplicación a las obligaciones en materia de reparación a las familias, sin justicia. Porque, al parecer, el concepto de crímenes contra la humanidad debe ser algo que nos reservamos sólo para Chile, Argentina, aunque los más de treinta y dos mil casos de desaparecidos sólo en Andalucía superen trágicamente las cifras de ambos países juntos; aunque otras comunidades autónomas tan insospechadas como Castilla-La Mancha, con más de siete mil ejecutados a pie de fosa, fuesen un auténtico Srebrenica tras la victoria de los golpistas-cruzados. Las cifras del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia también están ahí.Una ley que, lamentablemente, no tiene una sola palabra para los niños perdidos, ni para sus madres, víctimas ellas mismas de crímenes contra la humanidad, en este caso de género, perpetrados en la esfera de la maternidad y como represalia a toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia. Pero tampoco había espacio para nada de esto en nuestra ley.Una ley, a decir verdad, bastante desmemoriada , empezando por el olvido de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos de nuestro Estado social democrático de Derecho, más que una propia ley de la memoria. Y por eso mismo en el país de los niños perdidos las miles de ejecuciones extrajudiciales, o los robos de bebés indefensos, sí que las pudieron llevar a cabo los agentes del Estado, pero la localización e identificación de estos mismos desaparecidos, la devolución a sus sufridas familias, según parece no.*Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla-La Mancha_
Publicado por Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo. en 19:23
Etiquetas: artículo, Miguel Ángel Rodríguez Arias, niños robados franquismo

Una maternidad justificó en 1964 robos de niños diciendo que habían muerto
Las irregularidades han quedado documentadas en una investigación encargada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
EFE - Madrid - 29/06/2009
Los responsables de la maternidad de la calle de O'Donnell de Madrid alegaron una inexistente epidemia de otitis para justificar la desaparición de al menos ocho niños nacidos en esta clínica en 1964 y supuestamente arrebatados por el franquismo a sus padres, a los que dijeron que habían muerto. Así lo asegura el informe que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha utilizado para ampliar su denuncia sobre los llamados "niños perdidos del franquismo" y en el que se afirma que en ocho casos concretos de 1964 la causa de fallecimiento alegada -otitis- era "totalmente increíble" para esa "época y edad".
El estudio ha sido realizado para la asociación por el sociólogo Francisco González de Tena, que ha estudiado las desapariciones de recién nacidos en esa maternidad desde 1940 hasta su cierre, y ha sido incorporada a la denuncia que tramita el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid sobre los niños que fueron separados de sus padres tras la Guerra Civil.
El sociólogo relata el caso concreto de la niña Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964 en esa clínica y que le fue retirada a su madre dos días después alegando que "era la norma habitual". Subraya González de Tena que cuando la familia intentó ver a la niña se le comunicó que había contraído una infección y que tenía que estar aislada y añade que el 17 de enero, "ante la insistencia" para verla, se les comunicó que había muerto "sin añadir causa ni circunstancias" y que había sido incinerada, un fallecimiento que, según el Archivo Regional, consta registrado el día 18 de enero.
Según el estudio, la información adicional de la que dispone la familia de la niña -que no ha sido facilitada al sociólogo cuando se personó el pasado día 15 en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid- es que el mismo 18 de enero de 1964 fallecieron otras siete niñas "en idénticas circunstancias y alegando la misma patología: otitis". Para González de Tena, a los familiares de la niña el presunto fallecimiento les resulta "una especie de epidemia fantasmal, toda vez que no se conocen datos estadísticos que acrediten ni un solo caso de fallecimiento por esta causa en neonatos y en fechas tan tardías para la medicina infantil como 1964".
Esta afirmación la argumenta el sociólogo en la "extensa bibliografía de la época consultada" -enumerada en el informe- que se refiere a esta causa de muerte, "totalmente increíble para época y edad". Por ello, entiende que sólo una investigación judicial con todas las garantías "puede esclarecer lo que existe de verdad en este y otros casos similares".
Por otra parte, la ARMH ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de rechazar su personación y la de otras asociaciones y familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo en la tramitación de la querella por prevaricación interpuesta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además, solicitan la nulidad de las actuaciones en este momento procesal y anuncian su intención de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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